El encanto de la desobediencia

por Nivaldo Machín de la Noval

Establecer una ley no siempre se compadece con el concepto de la justicia. Muchísimas coyunturas pueden favorecer o torpedear el establecimientos de cuerpos legales, más allá de si son justos o no. ¿Cómo es eso? ¿Algo legal no debe ser, en principio, justo? 

Existen muchísimos ejemplos de articulados que instituyen leyes pero que, son enormemente injustas y, por tanto, los ciudadanos se sienten con el derecho, no solamente de combatirlas, sino de desobedecerlas. Este viejo dilema se presentaba ya en el cristianismo primigenio, cuando los fariseos, fieles cumplidores de la ley, se olvidaban de preceptos que, a los ojos del Dios cristiano, eran mucho más importantes, como el amor o la misericordia. Sin ellos, no hay justicia posible. 

En el Ecuador contemporáneo, vemos que los equilibrios entre los poderes del Estado pueden facilitar que dichos poderes cuenten con los mecanismos necesarios y suficientes para dictar leyes y coaccionar a los habitantes del país para su cumplimiento. 

Sin embargo, del otro lado, la sociedad civil también tiene modos de expresar su parecer, una vez que el juego de la democracia representativa la ha relegado al rol de mera espectadora. Si la ley promulgada es injusta, por muy legal que sea, nadie en el mundo puede predicarnos que tenemos que respetarla. 

Igual que es potestad del Estado imponer el cumplimiento de las leyes promulgadas dentro de su territorio, respetar o no una ley injusta es una opción responsable e individual. Por supuesto, queda también de mi parte el asumir las consecuencias de tal desobediencia. 

Cuando se presenta esta dicotomía entre lo que es justo y lo que es legal, hay que recordar que la conciencia es el criterio de última instancia para decidir, por encima de la ley. Este postulado es lo que sustenta la objeción de conciencia en asuntos que competen a las creencias individuales, más allá de lo dictado por la legalidad. 

Esa libertad de la conciencia para decidir responsablemente nace de la dignidad de la persona humana. Desde ese mismo paradigma, para ejercitar la libertad de lo que se considera verdadero, es imprescindible borrar cualquier vestigio de chantaje, violencia o coacción. 

Entonces, cuando se observan esas manifestaciones en la calles, sobre variados temas de la agenda política nacional, lo que se evidencia es esa tendencia de lo justo de convertirse en una piedra en el zapato de lo legal. 

Pueden imponer las leyes, justificar su existencia, pero, a la luz de la verdad, no pueden obligar a la conciencia de nadie a pensar que se ha operado en justicia. Cuando una persona o millones de personas dicen “¡No!”, están iluminando esa realidad jurídica desde su verdad y reclamando su derecho humano a la desobediencia.

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Los secretos, ¿son de todos?

por Nivaldo Machín de la Noval

Desde que se conocieron las filtraciones de la empresa italiana Hacking Team, el gobierno ecuatoriano ha abierto un frente que parece, a todas luces, insuficiente. 

El primero de los argumentos es que no existe un contrato entre esta entidad internacional de espionaje y el Estado. Además, la entidad señalada como responsable de las labores de seguimiento a ciudadanas y ciudadanos nacionales labora en una mansión de un banquero prófugo. ¿No es esta una señal más que suficiente de los nuevos tiempos? Desde la casa de uno de los pilares del antiguo sistema, la llamada Revolución Ciudadana labora en pos de una justicia de nuevo tipo. 

Para lograr ese fin, incluso, se reduce el hecho de la infiltración y se indica que los datos que se obtuvieron de las labores de espionaje no fueron usados totalmente, es decir, obtuvieron información de personas, pero la han guardado, sin emplearla totalmente. ¿Qué sentido tendría contratar un servicio internacional para no usarlo? 

Lo cierto es que, como van las cosas por el mundo, no es de escandalizarse por el problema del espionaje. A fin de cuentas, puede suceder que sí, que haya necesidad de seguir a ciertas personas: delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Eso podría ser válido en Ecuador si, de por medio, existen las órdenes correspondientes de los jueces y procesos legales en desarrollo contra estas personas. 

Sin embargo, al observar algunos de los datos filtrados por Wikileaks, aparecen entidades tan dispares como el Consejo Nacional Electoral, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y miembros del poder judicial. Esto nos podría hacer pensar que en estas instituciones se cometen acciones delincuenciales que están siendo sometidas a investigación. Incluso, parece un indicativo hacia personas vinculadas a la comisión de delitos. Podría ser. 

Para sentirnos aliviados, basta que la Fiscalía pida las órdenes judiciales que sustentan tales labores. Los vigilantes, esos que cuidan por nuestra seguridad, deben ser fiscalizados también. Ya hemos visto en EEUU los excesos a los que puede llegar ese celo profesional por la seguridad. ¡Qué bien que inviertan en nuestro bienestar para que durmamos en paz! 

No es importante si aparece o no el contrato, ni si la mansión de Lumbisí ahora sí es de todos, ni que repitan que son buenas las intenciones de la Senaim. Lo medular es saber si se ha respetado la ley, el debido proceso y no se ha vulnerado el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos del Ecuador, independientemente de su ideología política.

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Los silencios y las verdades

por Nivaldo Machin de la Noval​

La Asamblea Nacional tiene numerosos temas pendientes en materia legislativa. No me refiero a la postergada fiscalización. En su agenda hay copiosos y variados proyectos de ley y reformatorias de diversa data. Sin embargo, en una semana han aprobado dos resoluciones que nada o muy poco contribuyen a la labor de los asambleístas. 

De la primera de estas resoluciones, la referida a las protestas callejeras, ya conversamos. Ahora es preciso observar el otro texto legislativo. Después de la intervención de la asambleísta de Madera de Guerrero, Cinthya Viteri, el oficialismo presentó un proyecto de resolución para limitar el uso de material de apoyo en las intervenciones de los asambleístas. En la práctica, solicitaron aplicar a la legisladora de la oposición lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cómo sería un  debate legislativo en estas condiciones?  

Es válido recordar que la Constitución de la República, impulsada por el oficialismo, en su artículo 84, establece que "las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución." Esta posibilidad que abre la mayoría oficialista podría devenir en un tipo de censura previa. Si tal realidad se constituyere, también se estaría violentando otra de las garantías constitucionales: no puede haber ninguna forma de censura previa. 

Pero, además, de acuerdo a la Constitución, los legisladores no son responsables ni civil ni penalmente por lo que digan en el Pleno de la Asamblea Nacional. La nueva resolución habla de una “responsabilidad administrativa”, aunque un texto resolutivo de la asamblea no tiene fuerza de ley. ¿Cuál es la necesidad de duplicar lo que ya establece el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la honra de terceras personas? 

Por su naturaleza misma, el poder legislativo es un sitio de debate. En el aire queda la pregunta: ¿cuál será el órgano imparcial de la Asamblea que determinará si el contenido de la intervención de un asambleísta se ajusta a la verdad? ¿La verdad de quién? Recordemos lo que decía Cicerón: La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.

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Anatomía de la censura

por Nivaldo Machín de la Noval

La censura no es una práctica nueva en el mundo. Quien hace de censor intenta siempre silenciar otras voces que puedan discrepar o poner en entredicho un único discurso, casi siempre cercano a algún tipo de poder. 

Existen rasgos comunes entre los países del mundo en los que se vive el mayor clima de represión de las libertades de expresión e información. Un atributo que comparten todos estos territorios es cierta tendencia al autoritarismo del gobierno. Casi siempre, los autócratas quieren perpetuarse en el poder. La gama de recursos para abortar cualquier ejercicio democrático de alternabilidad es amplia. Incluye monarquías, dinastías familiares, golpes de Estado, elecciones fraudulentas o alguna combinación de lo anterior. ¿Qué es lo que asusta a quienes detentan el poder? 

Lo primero es el debate sobre la legitimidad del liderazgo que ejercen. Este suele ser el elemento medular para acallar a la prensa. Como la función central del periodismo es escrutar y mostrar qué sucede en la realidad, este segmento del mundo objetivo no debe mostrarse. Caso contrario, por ejemplo, saltarían los casos de corrupción, el control del poder ejecutivo sobre el resto de poderes, la discrecionalidad en la aplicación de la justicia y los fraudes electorales que, con un supuesto ejercicio democrático, validan el desmembramiento de todo lo que es consustancial a la democracia. 

Asimismo, con raras excepciones que confirman la regla, los países que no transparentan su información suelen tener también los menores índices de desarrollo económico. De acuerdo a mediciones del Comité de Protección a Periodistas, de los diez países más represivos con sus periodistas, ocho tienen un ingreso per cápita que es la mitad, o menor, al ingreso per cápita global. Pero, incluso, en los que poseen elevados niveles de riqueza, es notoria la diferencia entre el nivel de vida de los dirigentes enquistados en el poder y los gobernados. Baste ver a la casa real de Arabia Saudita y a los más pobres en esa nación árabe. 

Pero lo más llamativo es que, en todos los casos, estos Estados se guardan para sí el derecho de decidir qué información deben conocer sus ciudadanos y qué información no. Es una suerte de Estado-papá que, citando un bien común bastante esquivo, procede a desinformar o subinformar a la población. 

Por eso, en palabras de la escritora Nadine Gordimer: En los países donde la represión prevalece, el escritor no debe censurarse a sí mismo ni darse por vencido, es doloroso, pero hay dos maneras de hacerlo: hay cosas que escribes y guardas en un cajón porque la censura no va a durar eternamente o publicas el libro en algún otro lugar para que el mundo exterior pueda leerlo y entonces regresar, como siempre sucede, para que tu pueblo finalmente lo conozca. Así que puedes hacer eso o encuentras maneras de escribir sobre el tema de un modo en el que, con suerte, puedes evitar la censura. En otras palabras: lo disfrazas. 

Y así es y ha sido. Hay quienes enfrentarán la censura con altura, con ingenio. Otros lo harán con el silencio que ella clama para sí.

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La tiranía de las estadísticas

por Nivaldo Machín de la Noval

Jorge Luis Borges tenía la desfachatez de los sabios. No tuvo ningún empacho al afirmar que la democracia es solo un abuso de las estadísticas. La razón asiste, todavía, al célebre escritor argentino: los ejemplos abundan hasta la saciedad. 

En nuestro país, el ganar elecciones consecutivas le ha dotado al partido oficialista y al gobierno mismo de un halo de infalibilidad que poco bien le hace al proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana. La resolución que intentó adoptar el Legislativo, que condenaba las protestas en varias ciudades del país, es un ejemplo paradigmático de esa desconexión. 

Aunque abundan los rótulos y sitios comunes, el solo intento de aprobar esa resolución demuestra que  los políticos oficialistas han quedado al margen de lo que ocurre en la calle, como si la calle fuese ajena a la política. Las más de las veces, da la impresión que se gobierna a golpe de decretos o leyes inconsultos. Los mismos voceros del régimen han reconocido las falencias en la socialización de las llamadas leyes de Herencias y de Plusvalía. 

Para que haya un auténtico diálogo nacional, los que dirigen el país, desde cualquiera de los poderes del Estado, es necesario, imprescindible, que tomen en cuenta las manifestaciones. Ellas son un símbolo inequívoco de la diversidad de opiniones, de malestares, de análisis divergentes que tanto se echan de menos en los recintos del poder democráticamente constituido. 

Las calles y lo que en ella ocurre son la otra cara del espejo de esa bancada mayoritaria y silenciosa que, desde la Asamblea, intenta condenar los reclamos. Ser ciegos ante esto es un síntoma de un accionar absolutista y de un desprecio a la Constitución, casualmente,  promovida desde el propio oficialismo. 

Si se gobierna solo desde las estadísticas, sin detenerse a ver cada uno de los seres que muestra su historia de descontento, se contravienen, incluso los derechos humanos de todas y cada una de esas personas que gritaron su inconformidad en las calles del país.  Pensar en los que no están de acuerdo con el régimen como una minoría violenta y subversiva es querer perpetuar la tiranía de la mayoría, silenciosa desde los números, pero diversa en la realidad y sospecho que no tan unánime. 

La ceguera política incluye la falta de empatía y un discurso que polariza la sociedad en un maniqueo “nosotros” y un recurrente “los otros”. Y es a esto últimos a los que se endilga toda clase de epítetos, que solamente logran incrementar la desafección y abortan cualquier tipo de acercamiento. 

No importa que la resolución de la Asamblea se llene de eufemismos, hay un grupo de ecuatorianas y ecuatorianas que han salido a las calles. No son los 15 millones de habitantes del país. Todavía hay una mayoría silenciosa, pero merecen ser escuchados, porque eso es realmente vivir en democracia, no en la tiranía de los números a la que se refería Borges. 

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