El encanto de la desobediencia

por Nivaldo Machín de la Noval

Establecer una ley no siempre se compadece con el concepto de la justicia. Muchísimas coyunturas pueden favorecer o torpedear el establecimientos de cuerpos legales, más allá de si son justos o no. ¿Cómo es eso? ¿Algo legal no debe ser, en principio, justo? 

Existen muchísimos ejemplos de articulados que instituyen leyes pero que, son enormemente injustas y, por tanto, los ciudadanos se sienten con el derecho, no solamente de combatirlas, sino de desobedecerlas. Este viejo dilema se presentaba ya en el cristianismo primigenio, cuando los fariseos, fieles cumplidores de la ley, se olvidaban de preceptos que, a los ojos del Dios cristiano, eran mucho más importantes, como el amor o la misericordia. Sin ellos, no hay justicia posible. 

En el Ecuador contemporáneo, vemos que los equilibrios entre los poderes del Estado pueden facilitar que dichos poderes cuenten con los mecanismos necesarios y suficientes para dictar leyes y coaccionar a los habitantes del país para su cumplimiento. 

Sin embargo, del otro lado, la sociedad civil también tiene modos de expresar su parecer, una vez que el juego de la democracia representativa la ha relegado al rol de mera espectadora. Si la ley promulgada es injusta, por muy legal que sea, nadie en el mundo puede predicarnos que tenemos que respetarla. 

Igual que es potestad del Estado imponer el cumplimiento de las leyes promulgadas dentro de su territorio, respetar o no una ley injusta es una opción responsable e individual. Por supuesto, queda también de mi parte el asumir las consecuencias de tal desobediencia. 

Cuando se presenta esta dicotomía entre lo que es justo y lo que es legal, hay que recordar que la conciencia es el criterio de última instancia para decidir, por encima de la ley. Este postulado es lo que sustenta la objeción de conciencia en asuntos que competen a las creencias individuales, más allá de lo dictado por la legalidad. 

Esa libertad de la conciencia para decidir responsablemente nace de la dignidad de la persona humana. Desde ese mismo paradigma, para ejercitar la libertad de lo que se considera verdadero, es imprescindible borrar cualquier vestigio de chantaje, violencia o coacción. 

Entonces, cuando se observan esas manifestaciones en la calles, sobre variados temas de la agenda política nacional, lo que se evidencia es esa tendencia de lo justo de convertirse en una piedra en el zapato de lo legal. 

Pueden imponer las leyes, justificar su existencia, pero, a la luz de la verdad, no pueden obligar a la conciencia de nadie a pensar que se ha operado en justicia. Cuando una persona o millones de personas dicen “¡No!”, están iluminando esa realidad jurídica desde su verdad y reclamando su derecho humano a la desobediencia.

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La tiranía de las estadísticas

por Nivaldo Machín de la Noval

Jorge Luis Borges tenía la desfachatez de los sabios. No tuvo ningún empacho al afirmar que la democracia es solo un abuso de las estadísticas. La razón asiste, todavía, al célebre escritor argentino: los ejemplos abundan hasta la saciedad. 

En nuestro país, el ganar elecciones consecutivas le ha dotado al partido oficialista y al gobierno mismo de un halo de infalibilidad que poco bien le hace al proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana. La resolución que intentó adoptar el Legislativo, que condenaba las protestas en varias ciudades del país, es un ejemplo paradigmático de esa desconexión. 

Aunque abundan los rótulos y sitios comunes, el solo intento de aprobar esa resolución demuestra que  los políticos oficialistas han quedado al margen de lo que ocurre en la calle, como si la calle fuese ajena a la política. Las más de las veces, da la impresión que se gobierna a golpe de decretos o leyes inconsultos. Los mismos voceros del régimen han reconocido las falencias en la socialización de las llamadas leyes de Herencias y de Plusvalía. 

Para que haya un auténtico diálogo nacional, los que dirigen el país, desde cualquiera de los poderes del Estado, es necesario, imprescindible, que tomen en cuenta las manifestaciones. Ellas son un símbolo inequívoco de la diversidad de opiniones, de malestares, de análisis divergentes que tanto se echan de menos en los recintos del poder democráticamente constituido. 

Las calles y lo que en ella ocurre son la otra cara del espejo de esa bancada mayoritaria y silenciosa que, desde la Asamblea, intenta condenar los reclamos. Ser ciegos ante esto es un síntoma de un accionar absolutista y de un desprecio a la Constitución, casualmente,  promovida desde el propio oficialismo. 

Si se gobierna solo desde las estadísticas, sin detenerse a ver cada uno de los seres que muestra su historia de descontento, se contravienen, incluso los derechos humanos de todas y cada una de esas personas que gritaron su inconformidad en las calles del país.  Pensar en los que no están de acuerdo con el régimen como una minoría violenta y subversiva es querer perpetuar la tiranía de la mayoría, silenciosa desde los números, pero diversa en la realidad y sospecho que no tan unánime. 

La ceguera política incluye la falta de empatía y un discurso que polariza la sociedad en un maniqueo “nosotros” y un recurrente “los otros”. Y es a esto últimos a los que se endilga toda clase de epítetos, que solamente logran incrementar la desafección y abortan cualquier tipo de acercamiento. 

No importa que la resolución de la Asamblea se llene de eufemismos, hay un grupo de ecuatorianas y ecuatorianas que han salido a las calles. No son los 15 millones de habitantes del país. Todavía hay una mayoría silenciosa, pero merecen ser escuchados, porque eso es realmente vivir en democracia, no en la tiranía de los números a la que se refería Borges. 

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