El encanto de la desobediencia

por Nivaldo Machín de la Noval

Establecer una ley no siempre se compadece con el concepto de la justicia. Muchísimas coyunturas pueden favorecer o torpedear el establecimientos de cuerpos legales, más allá de si son justos o no. ¿Cómo es eso? ¿Algo legal no debe ser, en principio, justo? 

Existen muchísimos ejemplos de articulados que instituyen leyes pero que, son enormemente injustas y, por tanto, los ciudadanos se sienten con el derecho, no solamente de combatirlas, sino de desobedecerlas. Este viejo dilema se presentaba ya en el cristianismo primigenio, cuando los fariseos, fieles cumplidores de la ley, se olvidaban de preceptos que, a los ojos del Dios cristiano, eran mucho más importantes, como el amor o la misericordia. Sin ellos, no hay justicia posible. 

En el Ecuador contemporáneo, vemos que los equilibrios entre los poderes del Estado pueden facilitar que dichos poderes cuenten con los mecanismos necesarios y suficientes para dictar leyes y coaccionar a los habitantes del país para su cumplimiento. 

Sin embargo, del otro lado, la sociedad civil también tiene modos de expresar su parecer, una vez que el juego de la democracia representativa la ha relegado al rol de mera espectadora. Si la ley promulgada es injusta, por muy legal que sea, nadie en el mundo puede predicarnos que tenemos que respetarla. 

Igual que es potestad del Estado imponer el cumplimiento de las leyes promulgadas dentro de su territorio, respetar o no una ley injusta es una opción responsable e individual. Por supuesto, queda también de mi parte el asumir las consecuencias de tal desobediencia. 

Cuando se presenta esta dicotomía entre lo que es justo y lo que es legal, hay que recordar que la conciencia es el criterio de última instancia para decidir, por encima de la ley. Este postulado es lo que sustenta la objeción de conciencia en asuntos que competen a las creencias individuales, más allá de lo dictado por la legalidad. 

Esa libertad de la conciencia para decidir responsablemente nace de la dignidad de la persona humana. Desde ese mismo paradigma, para ejercitar la libertad de lo que se considera verdadero, es imprescindible borrar cualquier vestigio de chantaje, violencia o coacción. 

Entonces, cuando se observan esas manifestaciones en la calles, sobre variados temas de la agenda política nacional, lo que se evidencia es esa tendencia de lo justo de convertirse en una piedra en el zapato de lo legal. 

Pueden imponer las leyes, justificar su existencia, pero, a la luz de la verdad, no pueden obligar a la conciencia de nadie a pensar que se ha operado en justicia. Cuando una persona o millones de personas dicen “¡No!”, están iluminando esa realidad jurídica desde su verdad y reclamando su derecho humano a la desobediencia.

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Dímelo en portugués

por Nivaldo Machin de la Noval



El portugués y el español tienen innegables semejanzas. Eso nos acerca a los países de habla portuguesa. Pero hay realidades que trascienden lo estrictamente lingüístico. Echar una ojeada a lo que sucede en Brasil tiene varios beneficios. Más allá del morbo que existe en asistir a la calamidad ajena, la experiencia brasileña tiene un enorme potencial didáctico. 

Ver al Partido de los Trabajadores contra las cuerdas, intentando esquivar las acusaciones de corrupción, podría inspirar más de una reflexión sobre el accionar ético en el mundo de la política. Tras las presidencias de Luiz Inácio Lula Da Silva, entre el 2003 y el 2011, todo parecía viento en popa para su sucesora, Dilma Rousseff. Tras doce años al frente de las riendas del gigante auriverde, el Partido de los Trabajadores había acumulado muchísimo poder. Y he ahí uno de los problemas iniciales. 

El poder trae aparejada una sensación de infalibilidad y de impunidad que hace creer que no hay límites. ¿Por qué habría de haberlos? Han tejido una red que podría hacer creer que todo cuanto se oculte bajo sus tupidos hilos es invisible. Además, si han logrado, con la elección sucesiva, copar todos los espacios del poder, ¿tendrá fin esta época? ¿Dejarán en algún momento el Palacio Presidencial? 

Son abundantes los ejemplos de quienes, en diversas latitudes, han pensado que están por encima de la ley y la tuercen a su antojo. Las abultadas cuentas personales y un estilo de vida que se burla de sus conciudadanos se erigen como evidencias del respeto por el honor y la legalidad. Lamentablemente, los titulares de la prensa mundial nos traen sobrados ejemplos de cómo operan los políticos en innumerables puntos geográficos. ¿Qué tienen en común? 

La concentración del poder, la falta de alternabilidad, la ausencia de una fiscalización seria, profunda y sistemática por los entes de control y por la sociedad civil; la discrecionalidad en la aplicación de la justicia… La lista puede seguir, pero son solo coadyuvantes para la impunidad relativa. Las causales son más profundas. 

En la superficie se evidencias esos guiños de ojo que significan: “ayúdame, que yo te ayudaré”. Esa cadena infame de favores va desarticulando la institucionalidad y en el compadreo todos quieren salir bien librados. Como si se tratara de una banda delincuencial del cine de gánsteres, los amigos se cuidan las espaldas y condenan a la muerte pública, simbólica, a quien se atreva a salirse del círculo vicioso de los intocables. 

Los ciudadanos, entonces, perciben que las sociedades no funcionan y el hastío llega con nuevos salvadores, poco respetuosos de lo que la democracia significa y conlleva. El viejo Montesquieu y su separación de poderes sigue siendo la mejor de las garantías para el ejercicio democrático. ¿Es el poder el que los corrompe? 

No, el poder, al decir de los sabios, solo muestra la verdadera naturaleza de la persona. La impunidad merma las potencialidades del estado de Derecho y, a la larga, impone al cinismo y a la corrupción como si fuesen equivalentes a la ética y a la justicia. No lo son en portugués, tampoco son sinónimos en español.

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