Desde que se conocieron las filtraciones de la empresa italiana Hacking Team, el gobierno ecuatoriano ha abierto un
frente que parece, a todas luces, insuficiente.
El primero de los argumentos es que no existe un contrato entre esta entidad internacional de espionaje y el Estado. Además, la entidad señalada como responsable de las labores de seguimiento a ciudadanas y ciudadanos nacionales labora en una mansión de un banquero prófugo. ¿No es esta una señal más que suficiente de los nuevos tiempos? Desde la casa de uno de los pilares del antiguo sistema, la llamada Revolución Ciudadana labora en pos de una justicia de nuevo tipo.
Para lograr ese fin, incluso, se reduce el hecho de la infiltración y se indica que los datos que se obtuvieron de las labores de espionaje no fueron usados totalmente, es decir, obtuvieron información de personas, pero la han guardado, sin emplearla totalmente. ¿Qué sentido tendría contratar un servicio internacional para no usarlo?
Lo cierto es que, como van las cosas por el mundo, no es de escandalizarse por el problema del espionaje. A fin de cuentas, puede suceder que sí, que haya necesidad de seguir a ciertas personas: delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Eso podría ser válido en Ecuador si, de por medio, existen las órdenes correspondientes de los jueces y procesos legales en desarrollo contra estas personas.
Sin embargo, al observar algunos de los datos filtrados por Wikileaks, aparecen entidades tan dispares como el Consejo Nacional Electoral, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y miembros del poder judicial. Esto nos podría hacer pensar que en estas instituciones se cometen acciones delincuenciales que están siendo sometidas a investigación. Incluso, parece un indicativo hacia personas vinculadas a la comisión de delitos. Podría ser.
Para sentirnos aliviados, basta que la Fiscalía pida las órdenes judiciales que sustentan tales labores. Los vigilantes, esos que cuidan por nuestra seguridad, deben ser fiscalizados también. Ya hemos visto en EEUU los excesos a los que puede llegar ese celo profesional por la seguridad. ¡Qué bien que inviertan en nuestro bienestar para que durmamos en paz!
No es importante si aparece o no el contrato, ni si la mansión de Lumbisí ahora sí es de todos, ni que repitan que son buenas las intenciones de la Senaim. Lo medular es saber si se ha respetado la ley, el debido proceso y no se ha vulnerado el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos del Ecuador, independientemente de su ideología política.
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El primero de los argumentos es que no existe un contrato entre esta entidad internacional de espionaje y el Estado. Además, la entidad señalada como responsable de las labores de seguimiento a ciudadanas y ciudadanos nacionales labora en una mansión de un banquero prófugo. ¿No es esta una señal más que suficiente de los nuevos tiempos? Desde la casa de uno de los pilares del antiguo sistema, la llamada Revolución Ciudadana labora en pos de una justicia de nuevo tipo.
Para lograr ese fin, incluso, se reduce el hecho de la infiltración y se indica que los datos que se obtuvieron de las labores de espionaje no fueron usados totalmente, es decir, obtuvieron información de personas, pero la han guardado, sin emplearla totalmente. ¿Qué sentido tendría contratar un servicio internacional para no usarlo?
Lo cierto es que, como van las cosas por el mundo, no es de escandalizarse por el problema del espionaje. A fin de cuentas, puede suceder que sí, que haya necesidad de seguir a ciertas personas: delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Eso podría ser válido en Ecuador si, de por medio, existen las órdenes correspondientes de los jueces y procesos legales en desarrollo contra estas personas.
Sin embargo, al observar algunos de los datos filtrados por Wikileaks, aparecen entidades tan dispares como el Consejo Nacional Electoral, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y miembros del poder judicial. Esto nos podría hacer pensar que en estas instituciones se cometen acciones delincuenciales que están siendo sometidas a investigación. Incluso, parece un indicativo hacia personas vinculadas a la comisión de delitos. Podría ser.
Para sentirnos aliviados, basta que la Fiscalía pida las órdenes judiciales que sustentan tales labores. Los vigilantes, esos que cuidan por nuestra seguridad, deben ser fiscalizados también. Ya hemos visto en EEUU los excesos a los que puede llegar ese celo profesional por la seguridad. ¡Qué bien que inviertan en nuestro bienestar para que durmamos en paz!
No es importante si aparece o no el contrato, ni si la mansión de Lumbisí ahora sí es de todos, ni que repitan que son buenas las intenciones de la Senaim. Lo medular es saber si se ha respetado la ley, el debido proceso y no se ha vulnerado el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos del Ecuador, independientemente de su ideología política.
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